Las personas migrantes forzadas hacinadas en el Campamento "La Esperanza" (Paso Fronterizo EL Chaparral, Tijuana) llevan 50 días de abandono por parte de las autoridades municipales, estatales y federales de México. La vigencia del Título 42 antepone una supuesta protección de la salud pública a la protección internacional debida, el derecho de asilo, pensado para salvaguardar la vida de las personas obligadas a huir, no entra en la consideración de "esencial" para la administración de EEUU.
Las personas que habitan "La Esperanza", lo hacen como consecuencia de las restricciones al acceso al derecho de asilo desde EEUU, algo que sucede desde antes de la Pandemia, y que continúa a pesar de algunas de las medidas positivas tomadas por la administración Biden/Harris. Esta situación de El Chaparral, es el reflejo de muchas otras expresiones en la ciudad de Tijuana, en toda la frontera norte, en muchos otros lugares de México y en, condiciones similares en muchos otros lugares y fronteras del continente.
A pesar del esfuerzo y la fortaleza de las personas migrantes por humanizar estos espacios y del apoyo solidario de personas y organizaciones, este tipo de campamentos (cada vez más identificables en latitudes latinoamericanas) son una expresión extrema del abandono, de la falta de reconocimiento y de la estrategia de contención y rechazo que impide el acceso a los derechos fundamentales de cientos de miles de personas que ejercen, sencillamente, una opción por vivir.
La enorme afectación de la seguridad, protección y acceso a derechos básicos de las personas que permanecen en "La Esperanza" es consecuencia del abandono de las autoridades en todos los niveles, que a pesar de que han sido instadas por la CNDH México a garantizar su seguridad y protección, hasta hoy no han implementado ninguna respuesta humanitaria.
El nombre de el campamento; La Esperanza, solamente reside en la propia capacidad de organización y de resiliencia de las personas migrantes, y el apoyo y acompañamiento de la sociedad civil y algunas iglesias ofrecen. Esto atenúan en parte su situación, que no deja de ser insostenible.
El primer acercamiento de autoridades se dio el pasado 29 de marzo, pero sucedió con una amenaza de desalojo que genera todavía más incertidumbre. En los días posteriores se comprometió, hasta en dos ocasiones, el establecimiento de una mesa de escucha y de diálogo que hasta el momento continúa paralizada, sin fecha y sin espacio previsto. En el aspecto puramente humanitario, el único aporte de las autoridades ha sido la instalación de unos baños en el campamento.
En estos últimos dos meses, varias organizaciones, entre ellas el PRAMI, han focalizado su monitoreo en la frontera norte en las situaciones derivadas de la coyuntura política, observando qué sucedía con ese tan anunciado efecto llamada por el cambio de administración en EEUU, pero verificando que lejos de la alarma creada como resistencia para el desarrollo de políticas migratorias más humanas, el Campamento es el resultado de "la desesperación de miles de familias que ante el cierre de las fronteras no han tenido la posibilidad de solicitar asilo en Estados Unidos y se han quedado atrapadas en un limbo sin garantías jurídicas", es decir, personas que llevan un recorrido migratorio, un verdadero éxodo muchas veces atravesando múltiples fronteras, mucho más largo que los acontecimientos políticos de estos últimos meses.
Descarga aquí el último pronunciamiento del Colectivo de Monitoreo, en el que participan además de El PRAMI, algunas de las organizaciones vinculadas a la red y multitud de organizaciones de la sociedad civil y las iglesias, tanto locales como regionales.
ALGO MÁS SOBRE EL CONTEXTO DE EL CHAPARRAL
Desde el 18 de febrero pasado, en torno a 1,500 personas se han instalado en un campamento en el paso fronterizo de El Chaparral, en Tijuana. Personas de procedencia en su mayoría de Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Cuba, Haití y otras partes de México, en muchos casos familias, entre el 30 y el 40% menores de edad, conviven en unas condiciones deplorables y con la amenaza de una intervención de desalojo por parte de las autoridades. Las personas, que en us inmensa mayoría llevaban un promedio de un año en Tijuana y que no pertenecen al grupo de posible beneficiadas por el fin MPP (Biden anunció el fin de dicho protocolo que forzaba a quedarse en México en espera de su proceso de asilo), han bautizado este asentamiento con el nombre de "La Esperanza".
La actuación del gobierno de México, en connivencia con la anterior administración Trump, agravó esta situación por su falta de manejo de una política de asilo mínimamente aceptable, todo ello ha generado una crisis humanitaria en la frontera norte de México agudizada por este enfoque de seguridad con la militarización y el cierre de fronteras. Las personas migrantes forzadas, muchas de las cuáles tendrían derecho a acceder a un sistema de protección, no eligen, sino que se ven obligadas a mantenerse en una situación irregular.
Muchas personas llegan a "La Esperanza" con el ánimo de explorar posibilidades para el ingreso en EEUU, a pesar del trabajo de las OSC, no ayuda la falta de información de los principales responsables de darlas, autoridades mexicana y organismos internacionales presentes en la zona. México tampoco ofrece un entorno para una estancia en condiciones de dignidad y con acceso a protección y derechos.
Es gravísima esta ausencia de la respuesta institucional pública, ni en el apoyo humanitario, ni en la gestión de información confiable, ni en el establecimiento de marcos de protección y de acceso a derechos.
En este largo "durante", la seguridad, la integridad, el ánimo, la salud mental y emocional de estas personas está expuesta a un riesgo altísimo que genera consecuencias en el corto, en el medio y en el largo plazo. Para muchas personas en el campamento, esta etapa es una más de un larguísimo proyecto migratorio. Su perseverancia explica y conecta con los por qué han huido de sus países, de la dimensión de las causas de su migración forzada.
Como indicábamos, la situación de crisis humanitaria se refleja con fuerza en las condiciones de seguridad, salud e higiene en el campamento, la falta de acompañamiento desde las autoridades públicas y el acceso a cualquier otro derecho. Las personas acampadas han establecido sistemas de organización y solidaridad, y solamente la acción de organizaciones sociales de ambos lados de la frontera les acompaña.
Para conocer más sobre el origen y situación del campamento, pueden acceder a el comunicado del 16 de marzo del colectivo del monitoreo.