Desde la Red Jesuita con Migrantes hacemos un llamado al gobierno de Estados Unidos para finalizar el Título 42 que atenta contra la vida, dignidad e integridad de las personas migrantes forzadas
El pasado 2 de agosto, la administración Biden-Harris decidió mantener el cierre de las fronteras prolongando la medida conocida como el Título 42, bajo el argumento de protección a la salud pública a raíz del COVID-19, a pesar que la evidencia ha demostrado que el manejo de la pandemia y el respeto a los DDHH no se contraponen. Días antes se había anunciado el Proyecto de la Administración Biden para un sistema de migración seguro, ordenado y humano junto con la Estrategia para abordar las causas profundas de la migración en Centroamérica y la Estrategia de gestión colaborativa de la migración , enfatizando en ellos su compromiso de enfrentar “las crueles e imprudentes políticas de migración de la Administración anterior, que exacerbaron los desafíos de larga data y no lograron gestionar de forma segura [la] frontera”. A pesar de los anuncios y los aparentes esfuerzos para propiciar una migración segura, ordenada y humana, mantener la orden ejecutiva del Título 42, del gobierno Trump, en la práctica y a pesar del cambio de retórica, significa que la política seguirá siendo la misma, aplazando la posibilidad de dar una respuesta integral al desafío regional.
A esta medida se añade la decisión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) de iniciar procesos de deportación acelerada de familias que no puedan ser expulsadas bajo el Título 42 .
Estas decisiones conducen a una migración inhumana en la medida que permiten las devoluciones en caliente, las expulsiones, y por ende, impiden que quienes puedan requerir protección internacional puedan acceder al sistema de asilo, o conducir a violaciones del debido proceso de los solicitantes de asilo, pues no existe una distinción clara de la implementación de ambos procesos. Estas decisiones atentan contra la vida, dignidad e integridad de las personas migrantes forzadas que se ven expuestas a mayores riesgos.
Los acuerdos de cooperación entre los países deben respetar los derechos humanos.
El pasado 10 de agosto, altos funcionarios de Estados Unidos, entre ellos, Jake Sullivan, asesor de Seguridad Nacional; Alejandro Mayorkas, secretario del Departamento de Seguridad Nacional, y Uzra Zeya, subsecretaria de Estado, se reunieron en México con el presidente Andrés Manuel López Obrador y otros funcionarios mexicanos para abordar la agenda de cooperación bilateral. Entre los temas tratados estuvo el tema migratorio; sin embargo, resulta preocupante que el abordaje de este tema siga siendo desde un enfoque de seguridad nacional, y que México anteponga sus intereses comerciales con Estados Unidos sobre el respeto de los derechos humanos de los migrantes al permitir y aceptar que los vuelos de devolución aterricen en su frontera sur como lo registran algunos medios de comunicación.
Esta política de externalización de las fronteras y del asilo representa un riesgo para quienes migran de manera forzada al no tener condiciones de seguridad para su retorno y permanencia ni en México, ni en sus países de origen, donde se ven expuestos a extorsiones, secuestros y otras formas de violencia. Se debe permitir que los solicitantes de asilo se presenten en los puertos de entrada y que sus casos sean considerados de acuerdo con la legislación internacional.
A las decisiones políticas se suman discursos que buscan disuadir a los migrantes forzados de llegar a la frontera, por ejemplo, el “no vengan” usado por la VP Kamala Harris en su viaje a Guatemala, o las declaraciones del Secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas el 12 de agosto en su visita a Brownsville (Texas), donde afirmó que “Es fundamental que quienes tengan intención de migrar entiendan claramente que serán devueltos si intentan ingresar ilegalmente a los Estados Unidos y no tienen bases para el socorro bajo nuestras leyes”. En la práctica, políticas y discursos fundamentados en el miedo pueden tener un efecto contrario, acelerando una crisis humanitaria en la región ante la baja capacidad y poca voluntad política de los países de atender en el marco de los derechos humanos a las personas migrantes en su tránsito y retorno, sin dar alternativas de impacto por vías legales.
Esta es la oportunidad para promover políticas justas y humanizadoras y soluciones regionales realistas de largo plazo, considerando que las decisiones que se toman en Estados Unidos tienen un impacto regional. Mientras en Centroamérica los países no cuentan con condiciones para garantizar el retorno seguro, ni planes de integración de las personas retornadas que eviten que migren nuevamente. En México miles de migrantes siguen esperando para cruzar la frontera por vías regulares o a la espera en campamentos que sus solicitudes de refugio sean procesadas, en un ambiente de temor, precariedad y zozobra.
Adicionalmente, el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano (COMDHSM), denuncia que las negociaciones entre México y Estados Unidos están siendo aprovechadas por el gobierno mexicano para adelantar vuelos de deportación con personas que fueron privadas de libertad en centros de detención migratoria del centro y norte de México, a quienes se les negó la posibilidad de solicitar asilo. Además, las personas deportadas están siendo dejadas en zonas remotas de Guatemala donde la carga de la asistencia humanitaria termina recayendo en la sociedad civil. Es necesario que los gobiernos informen de manera transparente el alcance de los acuerdos bilaterales, rindan cuentas de estas medidas y brinden garantías al trabajo que realizan las organizaciones defensoras de derechos humanos.
Hacemos un llamado al gobierno Biden-Harris para finalizar con la medida del Título 42 en tanto es discriminatoria y no ha desincentivado la migración demostrando su ineficacia. Por el contrario, “El gran número de expulsiones durante la pandemia ha contribuido a que un número mayor de lo habitual de migrantes haga múltiples intentos de cruzar la frontera” de acuerdo con el CBP, aumentando los riesgos al buscar rutas más inseguras.
Como RJM insistimos en una respuesta basada en la hospitalidad. Recordamos que han existido iniciativas de acogida basadas en la comunidad que pueden ser consideradas parte de la respuesta política a la situación migratoria . Las comunidades en la frontera entre Estados Unidos y México han demostrado que es posible recibir a las personas vulnerables obligadas a emigrar con compasión y humanidad, y esta vez no es la excepción más cuando un 92% de los migrantes cuentan con familiares y amigos cercanos que podrían acogerlos mientras las solicitudes de asilo, en los casos que corresponda, son procesadas o pueden acceder a otras vías de regularización.