Múltiples organizaciones de la sociedad civil exigen a los estados, en un llamado conjunto, una respuesta humanitaria y basada en los derechos humanos ante el nuevo éxodo migrante centroamericano.
Desde el pasado 13 de enero, en que salió un primer grupo, y especialmente en la madrugada del 14 al 15 de enero, en la que más de 6,000 personas emprendieron camino, se ha iniciado un nuevo éxodo desde San Pedro Sula en la primera caravana del 2021.
La expresión de las respuestas desde los estados de la región, más allá de las comunicaciones oficiales, se basan en gran parte en la militarización, la amenaza y el acoso, así lo vemos en Honduras, en Guatemala y en México con una desproporcionada presencia de cuerpos policiales y militares de los distintos países.
Un gran número de redes, organizaciones y personas defensoras, en representación de las organizaciones de la sociedad civil, publicamos hoy, 15 de enero, un llamado claro a los Gobiernos de la región en la que, entre otras, se hace un llamado claro a los Estados para:
Garantizar el derecho a solicitar la condición de refugiado en el país que las personas escojan como destino seguro.
Incluir diagnósticos de necesidades de protección para garantizar el principio de no devolución a personas a un país donde su vida y libertades fundamentales estén en riesgo.
Atender necesidades humanitarias siguiendo protocolos de bioseguridad para evitar la propagación de la COVID-19 e incluir a la población migrante y quienes les atienden en las medidas preventivas y de atención a la salud en este contexto.
Desplegar campañas informativas para que las personas conozcan sus derechos.
Garantizar la no detención de personas solicitantes de la condición de refugiado, y cumplir la legislación mexicana que prohíbe la detención de niños, niñas y adolescentes no acompañados y acompañados.
Asegurar que las respuestas Estatales involucren activamente en el diseño e implementación de cualquier medida a las autoridades competentes en materia de refugiados, salud, protección a derechos de la infancia y otras dependencias que en razón de sus facultades deben velar por el bienestar y los derechos de grupos en situación de vulnerabilidad.
Promover y garantizar la rendición de cuentas a agentes migratorios y otros elementos desplegados para acciones de control migratorio por delitos o violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes y solicitantes de protección, así como por quienes defienden sus derechos.
Retirar a las corporaciones militares de los operativos de control y verificación migratoria, incluyendo la Guardia Nacional en México, y asegurar que estos se realizan por autoridades civiles.
Asegurar que cualquier persona con documentos válidos de haber solicitado asilo en Estados Unidos bajo el programa "Quédate en México", puede viajar libremente y en condiciones de seguridad al puerto de entrada donde se deba presentar para dar seguimiento a su proceso migratorio.
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