Compañeros/as del Servicio Jesuita a Refugiados en Tapachula, México, fueron hostigados por miembros de la Policía Estatal en Tapachula, Chiapas, hoy 21 de febrero de 2024. Cualquier acto contra cualquier defensor/a de derechos humanos es reprobable, pero todavía lo es más cuando se añaden un comportamiento racista y xenófobo.
El Colectivo de Monitoreo - Frontera Sur, al que está vinculado el JRS junto a otras obras de la red, la propia red y muchas más aliadas, emitió un comunicado claro denunciando estos "actos de hostigamiento, intimidación y perfilamiento racial por parte de la Policía Estatal en Tapachula hacia personas defensoras de derechos humanos."
En el comunicado se relatan los hechos, acaecidos la mañana del día 21 de febrero, cuando tres compañeras/os del JRS, "fueron verificados de manera arbitraria por elementos de la Policía Estatal en Tapachula". Denunciamos el componente racista toda vez que el hostigamiento se centró en una persona del equipo de nacionalidad haitiana.
Ante los cuestionamientos realizados. al elemento policial, se sumó un segundo elemento de la policía, armado, que insistió en las mismas preguntas. No ha sido posible identificar a estos dos elementos de la policía estatal porque no portaban placa ni identificación ninguna (o no la mostraron), del mismo modo la arbitrariedad se basa en la falta de una orden y de base legal para este tipo de verificaciones migratorias o de detenciones carentes de fundamentos por parte de este cuerpo policial.
En el comunicado del Colectivo se enfatiza que "los elementos de la Policía Estatal asumieron una actitud intimidatoria y de hostigamiento hacia la/los colaboradores del JRS, particularmente hacia el compañero de nacionalidad haitiana, replicando discursos racistas, xenófobos y criminalizantes contra las personas migrantes y con necesidades de protección internacional."
El comportamiento de hoy no es una excepción sino una práctica sistemática en contra de las personas migrantes y las personas defensoras. Se relatan algunos antecedentes en el comunicado.
El comunicado termina con una serie de exigencias que reproducimos aquí:
A la Policía Estatal, cese inmediato a cualquier tipo de revisión y/o verificación migratoria, pues no cuenta con facultades para ello.
A la Policía Estatal, procesos de capacitación sobre el perfilamiento racial para todos sus elementos.
La no criminalización de las personas migrantes y con necesidades de protección internacional.
A la CEDH, seguimiento a la queja interpuesta por la detención arbitraria en marzo de 2022.
Puedes descargar aquí el comunicado y ayudar a su difusión por todos tus medios.
Toda nuestra solidaridad, reconocimiento y cercanía con nuestras/os compañeros/as del JRS México, de todas las demás organizaciones de la Sociedad Civil que trabajan en Tapachula, y de todas y cada una de las personas defensoras en todo el continente. Somos más.