La sociedad civil más fortalecida ante la Segunda Revisión Regional del Pacto Mundial para la Migración

31 de marzo de 2025

Entre el 18 y 20 de marzo se desarrolló en Santiago de Chile la Segunda Revisión Regional de la implementación del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular en América Latina y el Caribe. En el espacio se conocieron los avances, retos para la gobernanza migratoria en la región. La Revisión contó con la participación de la sociedad civil, agencias de las Naciones Unidas, sector privado, entre otros actores claves. La Red Jesuita con Migrantes como parte del Bloque Latinoamericano sobre Migración (Bloque LAC) participó en el espacio.

Para la participación de las múltiples partes interesadas en la revisión, la Red de Naciones Unidas para la Migración conformó un equipo de relatoría que tuvo la tarea de elaborar un informe borrador que recogió diversas voces de la región sobre los mayores retos asociados a la implementación del Pacto Mundial para la Migración, y propuestas de acción para acelerar su implementación en América Latina y el Caribe. El equipo estuvo conformado por María Teresa Urueña, de la Red Jesuita con Migrantes (RJM LAC), relatora; Vinicio Sandoval, del Grupo de Monitoreo Independiente (GMIES), RROCM, punto focal para México y Centroamérica; Marilyn Oviedo, de Save my Identity Argentina, punto focal de Suramérica; y, Samantha Dickson, de la Sociedad de la Cruz Roja de Granada, punto focal del Caribe.

El informe fue el resultado de las consultas previas de partes interesadas realizadas en febrero, así como, de la consulta presencial que tuvo lugar el 18 de marzo, en Santiago. Ambos espacios permitieron fortalecer el trabajo en conjunto de la sociedad civil para construir puntos claves a posicionar ante los Estados el 19 y 20 de marzo. En la sesión de apertura el 19 de marzo, en su intervención como relatora, María Teresa Urueña destacó los desafíos de la migración forzada en la región que se acentúan en el contexto actual en el que vemos un ataque frontal a las personas migrantes, la disminución de la cooperación internacional y el desmantelamiento galopante del multilateralismo.

En relación con las intervenciones de los Estados, varios de ellos resaltaron la importancia de la migración para el desarrollo económico y el crecimiento de los países, por lo que, presentaron algunos avances de sus programas de integración. Paradójicamente, Ecuador, co-presidente de la iniciativa de países campeones del Pacto, canceló la amnistía migratoria y el nuevo proceso de regularización iniciado en agosto de 2024, debido al corte de la financiación de Estados Unidos, afectando a más de 3000 personas. Por su parte, el viceministro de Colombia llamó la atención a que la migración no debe verse solo por los beneficios económicos que trae a un país, sino, debe abordarse desde un enfoque de derechos humanos, reiterando que la migración es un derecho.

De otra parte, algunos Estados centroamericanos presentaron que en los casos de retorno -haciendo referencia a las deportaciones- se estaban estableciendo acciones que permitieran una reintegración digna. Allí cabe destacar uno de los llamados de sociedad civil verso sobre la externalización de las fronteras y el establecimiento de terceros países “seguros”, o de transferencia de personas deportadas. Se insistió en que los Estados son responsables de garantizar y proteger los derechos humanos de todas las personas que están bajo su jurisdicción.

Al cierre de la Revisión, la intervención de Blanca Gómez, madre buscadora de migrantes desaparecidos e integrante del Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador (COFAMIDE), fue fundamental para insistir que una de las prioridades de la región sea el cumplimiento del Objetivo 8 sobre salvar vida. Además, subrayó la necesidad de un trabajo multisectorial, junto con la Red de Migraciones, los Estados, la sociedad civil, los familiares, y los múltiples actores interesados.

“Hoy tenemos aún más claro que no nos rendiremos, que la vida la defendemos y también defendemos nuestro derecho a la dignidad y el acceso a derechos en donde nos encontremos.”

Adicionalmente, en la Revisión se observó la necesidad que establezca una gobernanza migratoria sustentada en un enfoque de derechos humanos y no de securitización. América Latina y el Caribe ha sido pionera en mecanismos de integración regional y coordinación por lo que, se requiere volver a estos aprendizajes en un contexto de recursos cada vez más escasos.

Uno de los retos que persiste en la revisión es el establecimiento de indicadores que sean medibles y se hayan consensuado entre los Estados y las partes interesadas, para realizar una evaluación común sobre los avances y retos de la implementación del Pacto en cada país. Por ello, desde la sociedad civil se propone establecer un mecanismo de seguimiento que permita la construcción de estos indicadores, así como, la participación real y activa de las partes interesadas.

Por último, en un contexto donde la sociedad civil ha sido golpeada por el financiamiento, la violencia, securitización y criminalización, esta fue una oportunidad para fortalecer el trabajo en red entre la sociedad civil que servirá para continuar el trabajo de cara al Foro de Examen de la Migración Internacional (FEMI) en 2026. Desde las diversas redes que hicieron presencia y seguimiento a esta segunda revisión regional exhortamos una América Latina y el Caribe con ¡una migración segura, con dignidad y plena en derechos!

Publicamos un comunicado con las preocupaciones que seguimos teniendo sobre la región. Para conocer el comunicado completo lo puedes descargar aquí, en Español, Inglés o Francés.