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Revisión regional del Pacto Mundial de Migración, una tarea necesaria en un marco insuficiente

Del 26 al 28 de abril de 2021, se llevó a cabo la Reunión de revisión regional de implementación del Pacto Mundial para la Migración Segura Ordenada y Regular en América Latina y el Caribe. (Ver al final mayor contextualización sobre los pactos y la posición de la RJM respecto a ellos). En esta reunión participaron los Estados Miembros y otros interesados para discutir los desafíos, avances y necesidades en la implementación del Pacto Mundial en la región.


Del Pacto Mundial de Migración (PMM), en particular, se espera contribuya a la gobernanza de las migraciones y mejore la coordinación en la respuesta a este fenómeno. En ese marco, la RJM -en articulación con el Bloque Latinoamericano del que formamos parte- participó del proceso de consulta abierta con sociedad civil del 13-15 de abril, y de la revisión intergubernamental con los Estados del 26-28 del mismo. El propósito de estos espacios, como ya se mencionó, era conocer los avances y desafíos de la implementación del PMM de cara al Foro de Examen de la Migración Internacional del 2022, que será el espacio global de revisión que se realizará en adelante cada cuatro años.


La intervención que realizamos como sociedad civil ante los Estados, como parte del Bloque Latinoamericano de Migración y en consenso con otras plataformas de la región, estuvo enfocada a visibilizar los desafíos de la realidad regional, las problemáticas de la implementación percibidas y propuestas para mejorarla.


Algunos desafíos regionales son la compleja crisis venezolana y el aumento de la violencia y la inseguridad en Centroamérica; los desplazamientos forzados a raíz de desastres naturales como los huracanes Eta y Iota. El flujo de personas haitianas, cubanas, y africanas expuestas a cruzar por la selva del Darién, una de las rutas más peligrosas del mundo no solo por las condiciones geográficas sino por la presencia de grupos armados y de narcotráfico, como ocurre también a lo largo del territorio mexicano. Denunciamos la expulsión colectiva de migrantes por parte del Estado chileno violando el debido proceso, el interés superior del menor y la no devolución, entre otros. En contraste con esto, también se evidencia la búsqueda de justicia por parte de los migrantes antes casos como las masacres y desapariciones forzadas de sus familiares. En resumen, en América Latina, la migración forzada no se ha detenido a pesar de la pandemia del COVID-19 y las medidas restrictivas de los Estados.

Por todo lo anterior, la sociedad civil insiste en:

  • Atender las causas de la migración, garantizando el derecho a migrar y a no migrar. Que la migración sea un derecho que toda persona en la región pueda decidir libremente, y eso se logra con canales reales para la regularización migratoria y para el ingreso regular a los países.

  • Que el PMM no sea una excusa para vulnerar los derechos humanos de las personas migrantes, por ello se insiste que su implementación sea un mecanismo para cumplir los compromisos internacionales de los Estados en materia de DD.HH y del Derecho Internacional de los Refugiados.

  • En esa línea, si bien el PMM hace mención a la soberanía nacional, también enfatiza en las responsabilidades compartidas pues “ningún país puede encarar los retos de este fenómeno mundial y aprovechar sus oportunidades en solitario” (numeral 11). Es fundamental reconocer la contribución que hacen los y las migrantes a nuestras sociedades.

  • Que las políticas migratorias estén basadas en el derecho internacional de los derechos humanos, y sean inclusivas, con perspectiva de género y enfoques diferenciales, especialmente para las personas LGBTIQ+.

  • Que el acceso a derechos fundamentales sea independiente de la condición migratoria, o de la vigencia de su documento de identidad.

  • Que el sistema de gobernanza que se propone desde un enfoque pansocial y pangubernamental facilite la participación real y efectiva de los migrantes, las diásporas, las comunidades locales, la sociedad civil y otros interesados en los niveles local, nacional y regional.

  • En el proceso de revisión, la sociedad civil evidenció la ausencia del abordaje interseccional de las realidades indígenas, de las personas LGTBI+, y de las comunidades afrodescendientes presentes en nuestro continente.

Para revisar las principales conclusiones regionales de las consultas con Sociedad Civil y partes interesadas (ver aquí).


Como parte del Bloque también apoyamos y participamos en espacios de relacionamiento con la Red Mundial de Migraciones de Naciones Unidas, que tiene el mandato de dinamizar la implementación del pacto apoyando la plataforma regional liderada por CEPAL y OIM. Desde estos espacios debemos insistir en:

  • el cumplimiento de las obligaciones de los Estados en materia de DD.HH., y el DIH.

  • en la necesidad de contar con mecanismos de evaluación, indicadores y planes claros de la implementación y

  • de esta forma que previo a una próxima revisión exista un mecanismo que permita avanzar de la retórica a la acción.

Por último, se debe hacer seguimiento y contribuir al proceso del Foro de Examen de la Migración Internacional del 2022, visibilizando la realidad latinoamericana y caribeña, esperando que los aprendizajes de esta primera revisión regional permitan mejorar el proceso en pro de impactar positivamente la vida de las personas migrantes desde el respeto de sus derechos humanos.


Sobre los pactos globales y posición de la RJM -Posicionamiento de Diciembre de 2018-:

La Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes (2016) sentó las bases que dieron origen al Pacto Mundial de Refugiados y al Pacto Mundial de Migración -PMM- de 2018. Los Pactos, aunque no son vinculantes, están fundamentados en la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y tratados internacionales del derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional de los refugiados y el derecho internacional humanitario. Su propósito es encaminar la respuesta y compromisos de los Estados y la comunidad internacional con el fenómeno creciente de los grandes desplazamientos de refugiados y migrantes.


Respecto al Pacto Global por una Migración Segura, Ordenada y Regular, desde su lanzamiento hemos afirmado en la RJM, que se trataba de un avance significativo, pero insuficiente y poco efectivo.


Un avance en la medida que establece un marco para el desarrollo y la incidencia sobre políticas migratorias que no tenía precedentes. También es relevante el enfoque integral que propone así como que era la primera vez que una mayoría de Estados decidían dotarse de un marco común que aborde la Migración y lo hacían de modo multidimensional, reconoce la complejidad y globalidad del fenómeno y la asume como un potencial y un enriquecimiento, a la vez que se pronuncia por evitar discursos negativos, estigmatizadores o criminalizadores sobre ella y resalta el valor de la cooperación internacional entre Estados para entenderse y actuar como países de origen, tránsito y destino.


Pero insuficiente y poco efectivo por muy distintas razones, como su carácter no vinculante, o por la ausencia de países claves en nuestra región como firmantes del mismo, por la reafirmación y prevalencia de la soberanía nacional como reguladora de la migración, por la priorización del enfoque de seguridad sobre el de derechos humanos (como ya hemos verificado largamente en los dos años de implementación), por que no aporta significativamente a superar las limitaciones conceptuales y jurídicas sobre el enfoque diferencial entre migración y refugio, o elude la responsabilidad de los Estados en relación a la condición no regular, entre otras debilidades.


Es una prioridad para la RJM actuar en marcos regionales de seguimiento y revisión de los Pactos, a pesar de sus limitaciones son el instrumento que tenemos. Será fundamental continuar haciéndolo en alianza con otros actores de la sociedad civil y la iglesia, como venimos haciendo en el marco del Bloque Latinoamericano. Sin embargo son los ámbitos nacionales donde se juega gran parte de esta posibilidad de que los pactos realmente apunten transformaciones positivas en el desarrollo de políticas y prácticas migratorias. Reconocemos y animamos los esfuerzos que desde la incidencia nacional y local se están haciendo en muchos de los países de nuestra región y en otros continentes. Es clave fortalecer estos esfuerzos compartidos a nivel local, nacional, regional y global.




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