Las Defensorías del Pueblo de Colombia, Ecuador y Perú, se han pronunciado con contundencia en torno a la situación que se está viviendo en algunas de nuestras fronteras en América del Sur.
Exigen, entre otras cuestiones, medidas humanitarias en respuesta a la situación de crisis en las que se encuentran las personas migrantes forzadas, que se incorpore efectivamente el enfoque de derechos en la centralidad de sus políticas públicas migratorias y que desde estas se fomente la integración en las sociedades de tránsito y destino.
Apelando a la dignidad de toda persona, el pronunciamiento también señala la desorbitada militarización como respuesta al fenómeno migratorio que se viene empleando desde estos (y otros) estados en toda Latinoamérica.
Es relevante el llamado a ofrecer alternativas migratorias de protección que permitan la regularización de las personas migrantes y su efectivo acceso a derechos.